El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.
Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y sólo saldrá de un sacudimiento social y político.
Desigualdad a la vista
La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por diento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23, recibirán los 322 millones del 20 por diento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.
Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Parido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.
En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.
De barrilitos y cofrecitos
Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se auto asignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.
El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos mensuales para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.
El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y semana santa.
Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5 mil 117 pesos que es el miserable mínimo del gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a de o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.
Los mayores anunciantes
Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3 mil 677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.
El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorean la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeistas. Ese gasto público no es sólo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.
Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero sólo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.
Limitadas reglas incumplidas
La JCE aduce que no puede establecer mayores controles por la ausencia de disposiciones contempladas en el proyecto de la ley de partidos en discusión desde hace 18 años, o en la actualización de la obsoleta ley electoral, aunque el artículo 212 de la Constitución la facultan a velar “porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, y a “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
La semana comenzó con el rechazo del pleno de la JCE a la propuesta de reglamentación presenta por uno de sus cinco titulares, Eddy Olivares. Luego el presidente del organismo, Roberto Rosario, propuso y logró aprobar que se suspendan los barrilitos y cofrecitos durante los meses de campaña. En el mejor de los casos eso afectaría sólo un par de meses, pero es un principio de reconocimiento de la inequidad.
Es obvio que la legislación electoral dominicana es obsoleta y muy permisiva, pero no se cumplen ni siquiera sus limitadas disposiciones. Por ejemplo, los artículos 47 y 52 de la Ley Electoral 275-97, que prohíben cualquier uso, aún indirecto, de los recursos del Estado para beneficio electoral, y disponen sistemas de contabilidad para transparentar el financiamiento. También la Ley de la Función Pública prohíbe a los funcionarios estatales utilizar sus recursos, locales y tiempo en actividades políticas. Eso debería obligar a tomar licencia a los ministros y altos funcionarios que acaban de ser encargados de dirigir la campaña electoral del PLD. La Cámara de Cuentas ha denunciado sistemáticas violaciones a la obligación de rendir cuentas por parte de los partidos, consignada también en la Ley de Libre Acceso a la Información.
Reforma política integral
Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.
El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la ley de partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 19987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.
Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por cieno del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.- .
