Los resultados de las recientes elecciones en Argentina y Venezuela revelan insatisfacción no sólo con la gestión económica, sino también político-social, derivada del prolongado usufructo del poder de dos regímenes caracterizados por la implementación de políticas que buscaban beneficiar a las masas populares, y se inscriben en una tendencia regional a reivindicar los procedimientos democráticos, rechazar la corrupción y exigir eficiencia y prioridades en la gestión pública.
Esa tendencia se ha manifestado contundentemente en los últimos años en la región centroamericana, donde el electorado ha desplazado a los partidos dominantes en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, mientras en Honduras se producen sacudimientos que auguran cambios significativos.
En Argentina, el peronismo, uno de los dos más vigorosos movimientos políticos latinoamericanos con más de seis décadas de vigencia, perdió el gobierno después de 12 años consecutivos de absoluto predominio, mientras en Venezuela, un frente que logró aglutinar a toda la oposición barrió al partido que desde finales del siglo pasado había ganado más de una docena de comicios y consultas, en la mayoría de las ocasiones con mayorías indiscutibles.
Ambos casos han tenido como detonantes crisis económicas derivadas de mala gestión, aislamiento internacional, y de la reducción de los precios de materias primas fundamentales, que está afectando a otros países de la región, incluido el gran Brasil. En el caso venezolano la caída de los precios del petróleo han reducido el aporte de este producto a menos de la mitad del promedio de la última década.
El caso de Venezuela es patético, porque aunque es indiscutible que logró mejorar los servicios de educación, salud y viviendas de los sectores populares, y redujo la pobreza, con los altísimos ingresos del petróleo, no logró la sostenibilidad económica nacional, como tampoco la gestión argentina, afectada por bajo crecimiento económico, alta inflación y devaluación de la moneda y consiguientemente del poder adquisitivo de la población.
Pero en Argentina el factor desencadenante ha sido la división del peronismo, indiscutible ya que las dos candidaturas en que se dividió sumaron más del 56 por ciento del voto en la primera vuelta, con Daniel Scioli en primer lugar con 37 por ciento, para quedarse en el 49 por ciento en la votación definitiva, cuando el conservador Mauricio Macri ganó la presidencia pasando del 34 al 51 por ciento.
En Venezuela los herederos de la revolución de Hugo Chávez no han perdido el poder ejecutivo, pero sí las dos terceras partes del legislativo, lo que obliga a rectificaciones económicas y políticas, si no quieren sumir el país en la confrontación definitiva, en la que pesarán sin dudas los dos millones de votos y casi 10 puntos porcentuales que perdieron en relación a las elecciones presidenciales del 2013. Ha quedado patente que Nicolás Maduro no tiene el carisma ni la sabiduría popular de Chávez, que el chavismo no se recicló seriamente y que el autoritarismo antidemocrático genera hostilidad y cansancio nacional e internacional, por más controles del poder que se tengan.
Todos los que nos sentimos cercanos al pueblo venezolano tenemos que augurarle una transición ordenada e institucional hacia un estadio más democrático, sin retornar a la enorme corrupción, la descomposición, el latrocinio y la ceguera social que -nadie debe olvidarlo- hicieron aguas y generaron el chavismo.
Estos resultados electorales dejan lecciones, particularmente a la sociedad dominicana, cuyo sistema político e institucional naufraga en la corrupción y la descomposición, con un partido que acapara el poder y manipula a la sociedad pretendiendo perpetuarse.-
