SANTO DOMINGO. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió que la puesta en libertad del alcalde de Bayaguana, Nelson Sosa Marte (Opi) acusado de contratar sicarios para asesinar al regidor Renato de Jesús, pone en peligro el proceso en contra de los imputados.
El funcionario argumentó que ya hay testigos que se están echando para atrás, lo cual contribuye con la contaminación de la acusación.
Sostuvo que dará todo el apoyo a la familia del regidor, con el propósito de que haya justicia y no impunidad en ese caso.
Domínguez Brito advirtió que el alcalde de Bayaguana no puede estar en libertad.
“Reclamamos, pretendemos, que sea revocada la orden de libertad que pesa sobre esa persona, mediante fianza”, enfatizó.
Manifestó que cuando una autoridad comete un crimen de esa naturaleza, conlleva un agravante mayor.
El funcionario supone que el alcalde estaba para ayudar y defender a un pueblo, pero lo que hizo fue tomar una decisión de quitar una vida, constituyendo la situación un doble crimen.
“Vamos a pedir la pena máxima de 30 años, esta persona planificó fríamente el asesinato de este ser humano, de este regidor, era una persona que ocupaba una función pública electiva de importancia, es una autoridad que ha cometido un crimen”, significó.
La esposa del regidor asesinado, Raysa Julieta Acosta, acompañada de sus hijos, fue recibida por Domínguez Brito en medio de un ambiente compungido.
Domínguez Brito manifestó que “ni siquiera han respetado el dolor que tienen sus hijos para liberar al presunto planificador de la muerte de su esposo”.
La mujer amenazó con inmolarse frente en la Procuraduría General de la República por la decisión del juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, Darío Gómez Herrera, de sustituir por una fianza la prisión del imputado.
El magistrado acogió parcialmente la acusación presentada en contra de Sosa Marte, José Marcial Puello Soto, Yorkis Severino Alberto, Rafael Eladio Antonio Olivo Javier, Michael Peña y Freddy Alberto De La Cruz, contra quienes fue dictado apertura a juicio y su mantenimiento en prisión, como medida de coerción, a excepción del primero.
A Sosa Marte le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva por el pago de una garantía económica de RD$2 millones a través de una compañía aseguradora, en razón de que la calificación jurídica que en principio era de autoría de asesinato, fue retenida por la calificación de complicidad en el mismo tipo penal.
El regidor de Jesús Castillo fue asesinado la noche del 25 de junio del 2014, en medio de un hecho ocurrido en la provincia de Monte Plata.
