SANTO DOMINGO, RD.- El administrador del Banco Agrícola, ingeniero Paíno Abreu Collado, dijo que algunos empresarios desconocen los alcances y significados de la Ley 4314 sobre alquileres y mucho menos el proyecto de reforma de dicha legislación, por lo que, pidió, que se concentren en su estudio para que ofrezcan a la opinión pública informaciones objetivas y sin distorsiones.
Aclaró que las declaraciones ofrecidas por Jaime Fernández Lazala, director ejecutivo de la Fundación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Fundapyme) se apartan totalmente del contenido de la Ley de Inquilinato y del proyecto de reforma sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso vía el Senado, así como del comportamiento financiero del Banco Agrícola en los últimos siete años.
Observó que no es cierto que el proyecto que modifica la Ley 4314 viole la Constitución de la República sobre el derecho adquirido, ya que los únicos que no cumplen con la legislación son aquellos que utilizan los avances por concepto de renta de los inquilinos en provecho personal, cuando es el Banco Agrícola la institución destinada legalmente a y manejar esos recursos para el desarrollo de la agropecuaria, beneficiando incluso a las micros y pequeñas empresas rurales.
Desmintió a Fernández Lazala en el sentido de que el Banco Agrícola es una institución deficitaria, obsoleta, y que mantiene un departamento de captación de alquileres que es deprimente.
Abreu Collado citó que en el 2004, las captaciones de la institución por concepto de ahorros, certificados financieros, depósitos a plazos, alquileres normales y consignados registraron un monto de 1,975.2 millones de pesos, y en el 2010 se elevaron a RD$5,168.2 millones.
Refirió que los ingresos operacionales alcanzaron en el año pasado un monto de RD$1,200.8 millones, y los gastos fueron de RD$1,064 millones, para un superávit de RD$136.7 millones.
El administrador del Banco Agrícola aseguró que desde agosto del 2004 la institución ha estado sometida a un proceso de modernización, y actualmente presenta una cartera de crédito de alrededor de RD$8,000 millones, con un crecimiento de más de 100 por ciento en relación al 2004, siendo el 93 por ciento de la misma de recursos del público y de préstamos de otras instituciones financieras, cuyo pago se ha estado haciendo religiosamente, mientras está en ejecución un programa de remodelación de la sede principal y sus sucursales. Afirmó que la entidad está en el mejor momento de su historia.
Precisó que en un plazo de dos a tres meses las nuevas áreas del Banco Agrícola remodeladas, incluyendo la oficina de alquileres, serán puestas al servicio del público y al propio Fernández Lazala, quien la calificó de deprimente, tendrá que recoger sus palabras.
Sostuvo que la Ley 17-88 del año 1988, que modificó la 4314 del 18 de octubre de 1955, autorizó al Banco Agrícola a ser depositario de los avances de las rentas de viviendas, pero que en general la misma sólo es cumplida parcialmente por propietarios y abogados cuando tienen problemas con sus inquilinos. Antes del 1988 esos valores eran recibidos por la desaparecida Dirección General de Rentas Internas, específicamente cuando el propietario se negaba a recibir las mensualidades acordadas.
Explicó que el recargo que se establecería por la negativa a depositar en el Banco Agrícola los avances por alquileres lo deberá pagar el propietario del inmueble y nunca el inquilino, como ha señalado Fernández Lazala. Dijo que es importante que los agentes que hacen opinión pública, como el director ejecutivo de Fundapyme, lean las informaciones que se sirven desde el Banco Agrícola a los medios de comunicación sobre el comportamiento de las diferentes variables para no se presenten como ignorantes ante la población, y aclaró que todo lo que se quiera saber sobre la institución está en la página de Internet www.bagricola.gov.do.
Afirmó que hay sectores que pretenden continuar burlándose de la ley con subterfugios vagos y baladíes, e incluso rechazando de esa forma la inversión y el desarrollo de la zona rural, y agregó que no es cierto que el proyecto de reforma a la Ley de Alquileres afecte a sector alguno de la sociedad y mucho menos a las pequeñas empresas.
Explicó que el proyecto en cuestión sólo busca que se cumpla una ley y que ordena que los avances por concepto de alquileres de viviendas y locales comerciales se depositen en el Banco Agrícola, recursos que irían directo al financiamiento del desarrollo de la agropecuaria, lo que conviene a las micros, pequeñas y medianas empresas rurales, las cuales actualmente se benefician con créditos de la institución financiera.
El administrador del Banco Agrícola señaló que el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al Senado el 18 de enero pasado no grava a ningún sector social ni económico del país, por lo que no entiende las razones de algunos agentes de oponerse a la iniciativa.
Manifestó que, sin embargo, lo que hemos dicho es que los recursos de que disponemos no son suficientes para que los productores alcancen la competitividad y el campo logre el verdadero desarrollo, con el consiguiente bienestar de los productores y sus familiares, ya que, dijo, la demanda crediticia formal en el campo anda por los RD$38,000 millones anuales.
Resaltó que en el 2004 los activos representaban un monto de RD$5,857.3 millones y hoy están por encima de los RD$10,926 millones.
Abreu Collado destacó que gracias al Banco Agrícola la población dominicana tiene garantizada la seguridad alimentaria, y su participación en el campo ha sido determinante, además, en la creación de miles de empleos, la generación de divisas y el abastecimiento de los hoteles de productos del campo, aunque es obvio que la agropecuaria demanda más recursos financieros con tasas de interés blandas.
Insistió que hay sectores que pretenden distorsionar el contenido del proyecto de ley que reposa en el Senado para continuar manejando recursos financieros ajenos en violación de las leyes 4314 y 17-88, y en perjuicio de la producción del campo.
