“Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes.” Tácito.
Desde antes de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, sectores de la sociedad se oponían a los cambios y evolución en los procedimientos de justicia, los disidentes se han mantenido constantes desde la propuesta misma de modernizar, democratizar y humanizar la justicia, a través de un código garantista, apegado a los principios constitucionales y acorde a los acuerdos internacionales. Pero nunca ha sido tan agresiva la oposición como ahora. Parte de los argumentos es la percepción social de que la criminalidad ha aumentado.
Lo cierto es que las razones reales están muy lejos de cuál normativa se aplique, pues nuestra cultura de incumplimiento a la ley, de anomia, es más que suficiente para demostrarlo. Analizando la situación general de nuestra organización política y social, queda claro que los principales problemas dominicanos no están enfocados en faltas de leyes ni mucho menos de una reforma constitucional, se hace evidente que radica en los actores del sistema.
Pero es indiscutible que han contribuido a la problemática de la inseguridad el auge del narcotráfico, el microtráfico; el crimen organizado, el consumo de alcohol, el porte y uso de armas de fuego, así como otros fenómenos sociales complejos como la desintegración familiar, la crisis educativa, la falta de oportunidades, el incremento de antivalores ligados al enriquecimiento ilícito y la corrupción. Problemática que debe ser prevenida y enfrentada desde los organismos del Estado con políticas públicas coherentes a favor de los mejores intereses de la colectividad, sin exclusión y con equidad. Es equivocado pensar que una ley es la solución o la fórmula mágica a la criminalidad. Coincido con Finjus “en que las leyes no previenen, intervienen.”
La Comisión de Ejecución del Código (Conaej), conformada por los principales actores del sistema de justicia dominicano, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, como el Ministerio Público y la Fundación Institucionalidad y Justicia “resaltan que en corto tiempo el Código Procesal Penal ha mermado las preocupaciones de una sociedad que durante más de 120 años cargó con el peso de una justicia lenta, arbitraria, inhumana, inquisitoria y divorciada de los preceptos constitucionales y de los tratados y convenios internacionales que norman los derechos de las personas.
Si lo que se quiere es modificar por modificar y confundir, entonces implementemos: la independencia del Ministerio Público, aplicación de la criminología, profesionalidad, capacitación de la Policía; así como la definición de sus roles frente a las FFAA, tribunales idóneos, sistema eficaz de citación, reducir la rebeldía y la fuga de los imputados; además eliminar el tráfico de influencia, la politiquería en la justicia y la falta de equidad en la garantías del principio de defensa.
Es imperativo el priorizar la constitucionalidad en nuestra vida social, la independencia de los poderes del Estado, redefinir la organización del Estado, revertir el concepto de pedazo de papel que nos han legado nuestros gobernantes, hacer preventivo y eficiente el sistema de justicia dominicano. Rescatemos la nación, la institucionalidad, la constitucionalidad, sin ello no alcanzaremos el sueño de nuestros fundadores y no se hará realidad el proyecto que todos y todas anhelamos de una República desarrollada integral y verdaderamente democrática. Dicho de otra manera: no puede existir un desarrollo económico sano y exitoso si la seguridad y los derechos no están garantizados.
Y ahora el Código es el culpable (…) culpable de todo lo malo (…) así se expresan los principales responsables de garantizar la seguridad ciudadana, la paz social, el estado de derecho y una vida socio económica sana. Las autoridades estatales quieren confundir y usan esto como su excusa para encubrir su incapacidad e irresponsabilidad profesional frente a sus instituciones, donde han fracasado como funcionarios que se deben al servicio público, a la institucionalidad y el bien común. Porque muy lejos de eso están comprometidos con la corrupción y el crimen organizado que representan sus intereses particulares de acumulación de riquezas, usando la politiquería como simbolismo propagandístico, engañando a la mayoría de nuestro pueblo, al que mantienen dormido en un ostracismo oscuro en conciencia a través de la manipulación mediática, que le impide ver la realidad con pensamiento propio y libre albedrío, dejando de lado a los ciudadanos, a la persona que debe ser el centro de todo y para todo.
Lo más relevante de esta situación es que ha quedado demostrada la deficiencia e incompetencia de los principales actores: jueces, fiscales, policías, militares que hacen de policías, abogados, entre otros. El personal calificado y probo es mínimo en relación a la matrícula de recursos humanos en cada institución, además de que deberían ser estos los tomados en cuenta en los puestos de mayor responsabilidad. ¿Dónde está el problema realmente? no es en las normas ni el código, repito, es en dichos actores, es aquí que está el problema, es en la falta de transparencia basada en ética y moral, de procesos preventivos, de políticas públicas, de capacitación, de profesionalidad, además necesitan del uso de la criminología, de nuevas herramientas para la aplicación correcta y efectiva de los códigos.
Reconozco que todos los habitantes son partícipes de la problemática que envuelve la sociedad, la seguridad y el respeto a las normas, situación que nos compete a todos, pero la principal responsabilidad corresponde al Estado y a sus funcionarios, a los cuales se les paga y además cuentan con el presupuesto de la nación, que tributa el pueblo para ello, por lo que están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes, como es de rigor jurar al momento de posicionarse en el cargo, es al Estado que también corresponde dar el ejemplo para motivar o estimular a que los demás habitantes cumplan con su deber y promover un cambio de cultura en respeto y cumplimiento al orden social y político establecido.
Nada más alejado de la democracia y de un estado de derecho, esta situación social que hoy vivimos en el país. Lo cierto es que las razones reales están muy lejos de cual normativa se aplique, pues nuestra cultura de incumplimiento a ellas, de anomia, es más que suficiente para demostrarlo.
“Una injusticia hecha en perjuicio de uno solo es una advertida amenaza contra todos.” Ralph Waldo Emerso.
El autor es general retirado de la Policía Nacional, catedrático y escritor.
