La instancia que procura la anulación de la cuestionada convención eleccionaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llegará próximamente al Tribunal Superior Electoral (TSE) que tendrá que decidir si le da el tiro de gracia a la más antigua organización política nacional o prolonga su agonía.
La prolongación del calvario por el que atraviesa el PRD favorecería al partido de gobierno por cuanto mantendría el descrédito de esa organización y la ilusión de su rescate en los más acendrados perredeístas, y retrasaría el fortalecimiento del proyecto de constitución de un frente de oposición.
La instancia de Guido
Cual llanero solitario que desafía al grupo que secuestra la democracia interna del PRD, encabezado por su presidente titular Miguel Vargas Maldonado, Guido Gómez Mazara persiste en dar la batalla interna a la que renunciaron los mayores líderes disidentes y anuncia que recurrirá hasta el TSE buscando que anule la cuestionada convención eleccionaria que culminó en un visible desastre el pasado 20 de julio.
Las exclusiones y el autoritarismo con que se organizó la convención quedaron a la vista de todos, lo mismo que la violencia y el desorden en que culminó. Esta semana Gómez Mazara documentó que en catorce de las 31 provincias y el Distrito Nacional no se realizó la votación y que en varias de las otras 18 sólo fue parcialmente, sosteniendo que sólo se contaron 19 mil votos, de un padrón de 538 mil electores en los recintos donde pudo acreditar delegados y que puede demostrar que la mayoría le benefició.
Aunque dice tener constancia notarial para sustentar su petición de nulidad, no se debe descartar exageración, pero reporteros de diversos medios informativos pudieron documentar que no se votó en provincias como San Cristóbal, Peravia, Azua, La Vega, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Montecristi, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, y Samaná, como tampoco en Santo Domingo Este, el mayor municipio del país. En muy pocas ciudades se reportó una concurrencia significativa.
La publicación de las actas por recintos electorales, hubiese podido contribuir a la transparencia, como demandó esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana, experto en observación electoral, el cual deploró “la frustrada convención”, y las actuaciones de la dirección del PRD y de los organismos de control electoral, y planteó que esos acontecimientos “deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la ilegalidad y la parcialidad de las autoridades”.
Papa caliente para el TSE
La impugnación de la convención fue sustentada fundamentalmente en que sólo fueron habilitados 161 (menos de la mitad) de los 341 centros de votación que se habían programado, en la exclusión de los delegados de Gómez Mazara, en la violencia con que se impidió a muchos votar y en la negativa a entregar copias de las actas.
La Comisión Organizadora declaró inadmisible la impugnación por haber sido interpuesta “de manera extemporánea y en violación de los plazos establecidos”. Fue sometida cuatro días después de la convención, pero se dijo que el límite era de dos días, insuficientes para reunir documentación nacional y elaborar una instancia. Se adujo también que no se presentaron pruebas documentales que sustentaran la nulidad.
De inmediato Gómez Mazara anunció que llevará su solicitud hasta elTSE, confiado en que administrará justicia, con el precedente de dos decisiones a su favor adoptadas por ese órgano antes de la convención, la que dispuso que le entregaran el padrón de electores y los centros de votación y otra que ordenó que le acreditaran sus delegados. Pero antes, sus abogados procuraban agotar otra instancia interna, la Comisión Política del partido, aunque sin esperanza de que este organismo, tan unilateral como la comisión organizadora, vaya a variar el rechazo.
Esta sería la trigésima instancia elevada al TSE desde el 2012 cuando, tras las elecciones presidenciales, se desató la crisis que mantiene en capilla ardiente al PRD, casi todas falladas en beneficio del sector que encabeza Vargas Maldonado, quien junto al expresidente Fernández eligió los jueces de ese tribunal, como los de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. La mayoría de ellos son vinculados a esos dos dirigentes políticos. De los cinco del TSE la excepción sería su presidente Mariano Rodríguez, definido como “un buen hombre, jurista de vocación académico pero incapaz de pelearse con nadie”.
¿Prolongar la agonía?
Habrá que esperar la instancia de Guido Gómez para ver sus fundamentos, pero dado el descrédito en que ha quedado la convención perredeísta, si pidiera pruebas documentales, como las actas por centros de votación, el TSE pudiera encontrar elementos suficientes para disponer por lo menos que se votara en las provincias y municipios donde no se hizo y que se garantizara el sufragio por lo menos a los que aparecen en el reducido padrón de Vargas Maldonado..
La expectativa, al menos entre los perredeístas, es de que el tribunal
Seguirá abonando las actuaciones del grupo de Vargas Maldonado, al que en el pasado reciente reconoció la expulsión de dirigentes, y masivas exclusiones en los padrones del Comité Ejecutivo, la Comisión Política y la membresía en general.
La anulación parcial o total de los resultados convencionales implicaría nuevos plazos, de semanas o meses, lo que prolongaría la agonía del partido blanco a sus 75 años. Daría aliento a Gómez Mazara y a los perredeístas nostálgicos que todavía creen en la posibilidad de restablecer la unidad, como el suspendido exsecretario general Orlando Jorge Mera, el reelecto presidente del Comité del Distrito Nacional Alfredo Pacheco y los dirigentes Neney Cabrera y Eduardo Sanz Lovatón, quienes también han solicitado la anulación y una nueva convención. Por igual Juan Santos, otro que compitió por la presidencia del PRD, y al que tampoco se le permitió votar, como a Gómez Mazara.
Si el TSE valida la traumática convención de Vargas Maldonado, en la que ni los candidatos opositores pudieron votar, el principal de ellos víctima de una agresión armada ampliamente difundida, quedaría sellada definitivamente la división del PRD, al perderse las mínimas esperanzas de restablecer la democracia interna, empujando a todos los objetores de la convención hacia el proyecto de frente opositor.
Beneficiaría al PLD
Mientras se espera a ver si emerge una nueva fuerza política opositora, la división del PRD en lo inmediato apuntará las posibilidades de que el PLD mantenga el monopolio del poder en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2016, cuando incluso podría hasta incrementarlo.
La prolongación de la agonía también le beneficia por la saturación que se registra en la ciudadanía de la crisis del perredeísmo y sus múltiples incidentes. Pero sobre todo porque dilata las definiciones frente el nuevo Partido Revolucionario Mayoritario (PRM) constituido por los sectores que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, y las posibilidades de armar su proyecto de Convergencia opositora.
Las encuestas han indicado que entre dos tercios y tres cuartas partes de los perredeístas se irían de inmediato al PRM y la Convergencia, pero muchos dirigentes medios y militantes todavía se aferran a los símbolos y banderas que ostentaron durante décadas. A quienes tomaron la decisión de constituirse en un nuevo partido les conviene que se cierre cuanto antes toda expectativa de reunificación, que “ya sólo sirven para perder el tiempo”.
Estrategas del PRM y la Convergencia consideran que Vargas Maldonado ha quedado noqueado por el desastre en que culminó su convención, por lo que esperan cerrar el capítulo, pero por eso mismo temen que los peledeístas favorezcan la prolongación de la confrontación, incluso con la esperanza de que otro desenlace fuera menos desfavorable para el grupo de Vargas. Aunque por otro lado reconocen que sería un duro golpe que le declararan ilegítima su convención.
Preocupación por la democracia
En muy diversos sectores nacionales se expresan preocupaciones por la rumbo de la democracia con la división del principal partido de oposición después que el PLD absorbiera, en los últimos años, el tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, y una docena de grupos políticos menores.
A esa preocupación se atribuye el pronunciamento esta semana del embajador de Estados Unidos; James Brewster, quien abogó por la prevalencia de un sistema multipartidista donde no se concentre el poder en un solo partido. La misma preocupación se expresa en los cenáculos empresariales, razón por la cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada pagó una amplia difusión de un comunicado pidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos, estimándola fundamental para la institucionalidad democrática nacional.
Tanto el comunicado del CONEP como el planteamiento del embajador Brewster, han despertado rechazos enfáticos de dirigentes peledeístas, incluyendo a miembros de su cúpula como Franklin Almeyda, y a su vocero en la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, quien acusó al diplomático de “un atrevimiento y una injerencia”. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que el pronunciamiento del norteamericano no es propio de un embajador que respeta el ordenamiento institucional del país.
Las preocupaciones no se refieren sólo al control del poder ejecutivo, y del Congreso Nacional, sino también de las altas cortes y del ministerio público, así como de la Junta Central Electoral, más que por un solo partido, por una sola persona, el expresidente Fernández, ya en campaña por regresar al poder, al que muchos advierten como patrocinador del desguañangue o la cooptaciójn de grupos y líderes políticos y sociales.-
