SANTO DOMINGO,RD.-El Procurador General de la República consideró que la Cámara de Diputados debe aprobar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como lo remitió el Poder Ejecutivo, y sin las reformas que introdujo el Senado de la República, porque así lo establece el artículo 184 de la Carta Magna.
En tal sentido el magistrado Radhamés Jiménez Peña se mostró de acuerdo con la propuesta del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, de que los diputados busquen la asistencia técnica de renombrados juristas para que ofrezcan su opinión sobre el caso.
El máximo representante del Ministerio Público criticó que sectores se opongan a que el Tribunal Constitucional revise las decisiones de otros tribunales, cuando el artículo 277 y 184 de la Constitución de la República lo establecen.
En otro orden, Procurador entregó 35 camionetas a igual número de fiscalías de todo el país a un costo de 30 millones de pesos, para fortalecer los programas preventivos al delito y la delincuencia.
Radhamés Jiménez Peña explicó que esos recursos fueron obtenidos de los 103 millones de pesos que se captaron por la venta de la estación de combustibles de Paulino Ernesto Quirino Castillo.
El jefe del Ministerio Público dijo que esos recursos fueron administrados de forma transparente por la Procuraduría General de la República y que así lo hará con los demás bienes incautados a otros narcotraficantes.
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, entregó a la fiscal de La Vega Johanna Reyes y otros magistrados presentes.

El Procurador General de la República consideró que la Cámara de Diputados debe aprobar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como lo remitió el Poder Ejecutivo, y sin las reformas que introdujo el Senado de la República, porque así lo establece el artículo 184 de la Carta Magna.
En tal sentido el magistrado Radhamés Jiménez Peña se mostró de acuerdo con la propuesta del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, de que los diputados busquen la asistencia técnica de renombrados juristas para que ofrezcan su opinión sobre el caso.
El máximo representante del Ministerio Público criticó que sectores se opongan a que el Tribunal Constitucional revise las decisiones de otros tribunales, cuando el artículo 277 y 184 de la Constitución de la República lo establecen.
En otro orden, Procurador entregó 35 camionetas a igual número de fiscalías de todo el país a un costo de 30 millones de pesos, para fortalecer los programas preventivos al delito y la delincuencia.
Radhamés Jiménez Peña explicó que esos recursos fueron obtenidos de los 103 millones de pesos que se captaron por la venta de la estación de combustibles de Paulino Ernesto Quirino Castillo.
El jefe del Ministerio Público dijo que esos recursos fueron administrados de forma transparente por la Procuraduría General de la República y que así lo hará con los demás bienes incautados a otros narcotraficantes.
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, entregó a la fiscal de La Vega Johanna Reyes y otros magistrados presentes.