Versiones de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería convocado para discutir la grave situación que afronta la nación con un creciente aislamiento internacional a causa de la desnacionalización de miles de ciudadanos alientan el criterio de que corresponde a ese organismo buscar una solución.
En todos los sectores aumenta la convicción de que urge conjurar el grave conflicto que divide hasta las iglesias, para lo cual funcionarios palaciegos elaboraron un anteproyecto de ley en beneficio de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, convalidando las actas de nacimiento que les fueron instrumentadas.
El cerco internacional
Hasta en sectores que favorecieron la sentencia 168-13 del TC se reconoce que urge encontrar una solución que contenga el deterioro internacional de la imagen de la nación y evitar lo peor, que culmine en un dictamen revocatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podría llegar el caso. El gobierno se vería obligado a acatar la última instancia en materia de derechos humanos, según los tratados suscritos por el Estado dominicano, de los que el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.
Debería evitarse a toda costa el daño de una condena de la Corte Interamericana tras un prolongado escándalo, que ya lleva 6 meses, y en vez de mermar sigue en aumento en el ámbito internacional. En tal caso desafiar una sentencia generaría acciones que podrían afectar comercio, turismo, financiamiento, participación del Estado en organismos internacionales y en relaciones con bloques como los Países ACP y la Unión Europea, y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El hecho objetivo es que el país está en las miras de los organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el ámbito de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom), de naciones como Estados Unidos y España y otra veintena que se expresaron en la sesión de enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se llegó a anticipar que la suspendida visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden tenía como primer punto de agenda las desnacionalizaciones, días después de una segunda condena del Departamento de Estado norteamericano.
La más grave violación
Para el próximo día 24 el Estado dominicano está convocado en Washington a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir el informe preliminar de la misión de ese organismo que visitó el país en diciembre, el cual no dejó resquicio de salvación a la sentencia 168-13.
Cumplido ese trámite el informe sería remitido a la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, en cuyos ámbitos se estima que el genocidio civil de decenas de miles de ciudadanos dominicanos, constituye “la más grave violación de derechos humanos discutida en la historia de la organización creada en 1948.”
Son públicos los pronunciamientos en defensa del derecho a la nacionalidad de decenas de organismos, de influyentes medios de comunicación y personalidades internacionales, incluyendo a entidades con tradición de campañas por derechos humanos, como el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos, órganos especializados del Consejo Nacional de Iglesias norteamericanas, y Amnistía Internacional que esta semana envió una misión de investigación al país, y que se plantea incrementar una campaña de denuncias que inició a fin del año pasado y a la que se atribuyen cientos de mensajes recibidos en el Palacio Nacional.
El arzobispo de Boston, Seán Patrick O´Malley, uno de los ocho asesores escogidos por el Papa Francisco, los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Adolfo Pérez Esquivel, así como una veintena de legisladores de Estados Unidos, figuran entre las personalidades que han demandado revocación de la sentencia.
Divisiones al granel
La desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, pero también cocolos, españoles, árabes, chinos y de otras nacionalidades, según el inventario de la Junta Central Electoral de 24 mil 392 afectados por la sentencia, ha dividido profundamente la sociedad dominicana, el gobierno, los medios de comunicación y hasta las iglesias. Hay afectados en todos los sectores sociales, incluyendo militares y policías, deportistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y funcionarios civiles.
La división se expresa dramáticamente en la Iglesia Católica, donde el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez aparece como cabeza de los defensores de la exclusión, pero la Conferencia Dominicana de Religiosos que agrupa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas, la rechaza. La Conferencia del Episcopado no ha podido fijar posición, pero se sabe que varios obispos no comparten la actitud de López Rodríguez. En la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codue, se han expresado posiciones contradictorias.
En el gobierno y su partido también hay divisiones, aunque pocas se han expresado públicamente. Tanto el presidente de la República, Danilo Medina, como el presidente del PLD Leonel Fernández, han disentido discretamente de la sentencia. Ambos formularon cuestionamientos a su carácter retroactivo. Medina planteó una solución humanitaria al conflicto y Fernández llegó a decir en Estados Unidos que para él Juliana Deguis, cuya instancia de amparo motivó la sentencia del TC, es dominicana. Ningún organismo del partido oficialista se ha manifestado.
Sin embargo, los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared y Abel Martínez, y el consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, han dado pleno apoyo a la desnacionalización. Mientras al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se les atribuye favorecer la devolución de los derechos conculcados. Ha sorprendido el silencio de gran parte de los dirigentes peledeístas y muy pocos, como la diputada Minou Tavarez Mirabal y el artista-diputado Manuel Jiménez, se han pronunciado firmemente en defensa de los excluidos.
Entre Danilo y Leonel
El escándalo internacional y las divisiones nacionales provocadas por la sentencia del TC han agobiado al gobierno, le han consumido mucho tiempo y lo mantienen indeciso sobre el camino a seguir. Se inclinaba por una Ley de Naturalización, que daría oportunidad a los afectados a optar por una ciudadanía limitada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas advirtieron que eso dejaría vivo el escándalo en los ámbitos internacionales. La Comisión lo rechazó tajantemente tanto en su informe como en su conversación con el presidente Medina, indicando que sólo la restitución plena de los derechos afectados impedirá que el caso pase a la Corte Interamericana. Luego se ha hablado de una ley especial que no fue presentada el 27 de febrero como se prometió. Esta semana el presidente dijo que aún se busca consenso.
Los que dentro del gobierno han favorecido la solución de fondo, encabezados por el ministro Montalvo, han tropezado con la resistencia de los ultranacionalistas que los han llegado a incluir entre sus denunciados “traidores a la patria”. El último esfuerzo parece haber sido abortado cuando al caer febrero los nacionalistas publicaron un borrador de anteproyecto de ley elaborado en el Ministerio de la Presidencia.
Las divisiones y los recelos resaltan aún en los aliados del gobierno, lo que obliga a una solución que tendría que partir de un acuerdo entre los dos mayores líderes del PLD, Medina y Fernández, ambos conscientes del difícil escenario internacional que afecta al país. Los dos han escuchado sabias recomendaciones internacionales y compartirían la responsabilidad de una condena y aislamiento internacional. Pero sólo de común acuerdo pueden imponer una solución política que pase por el Congreso que dominan y sea acatada por el TC, cuyos jueces no podrían desafiar un acuerdo político que sería aplaudido en los ámbitos internacionales.
Ley de Convalidación
El anteproyecto que se atribuye al Ministerio de la Presidencia, fue denunciado cuando todavía se discutía entre sus redactores. Se fundamenta en el artículo 38 de la Constitución que proclama que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable” y su respeto “una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. También en el artículo 18.2 que reconoció como dominicanos a quienes “gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
En su artículo 1 “Se dispone la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil, sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El artículo 2 establece que para beneficiarse de esa convalidación “será necesario constatar: (a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y (b) que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad”.
El artículo 5 dispone que la JCE demande ante el tribunal competente la nulidad de las actas que se correspondan con situaciones de duplicidad y suplantación de identidad.-
