Las reacciones mundiales a la sentencia del Tribunal Constitucional que justifica el genocidio civil iniciado en el 2007, indican un claro riesgo de condena y aislamiento internacional para la República Dominicana que podría alcanzar dimensiones económicas.
Aunque el gobierno dominicano inició “una ofensiva” encaminada a justificar el despojo de la nacionalidad a millares de personas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclamó como un asunto de derechos humanos a ser decidido por la Corte Interamericana y citó un precedente de condena.
Aislada en la OEA
Aunque la generalidad de los diarios dominicanos hizo un esfuerzo por reducir el efecto de la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el martes 29, los que la vieron por Internet pudieron advertir que fue devastadora para la República Dominicana, aunque sus representantes trataron de justificar la posición del gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que priva de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país a partir de 1929, a los que durante más de ochenta años se les reconoció y registró como dominicanos.
La sesión fue convocada a instancias de varios de los 15 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom), la mayoría de los cuales hicieron uso de la palabra para rechazar enérgicamente la sentencia del TC que afectaría a decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría de haitianos, incluyendo a los descendientes de inmigrantes del Caribe inglés, conocidos aquí como cocolos.
Varios oradores dominicanos hicieron esfuerzo por explicar la sentencia y su aplicación, encabezados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo César Pina Toribio, quien dio seguridades de que el Estado “no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparada por nuestras leyes”. Pero esta y otras afirmaciones quedaron sin sentido ya que la sentencia y los que la aplican se basan en que los ciudadanos afectados no estaban amparados por la Constitución ni las leyes, a pesar de que recibieron la nacionalidad.
Un secretario contundente
El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, fue contundente en su discurso al afirmar que “Está clarito: nadie puede verse privado de su nacionalidad, y por lo tanto hay un problema de derechos humanos”. Pero precisó que “también tenemos un problema institucional”, porque “esta sentencia ha sido dictada por una Corte Constitucional de un Estado en virtud de su propio ordenamiento jurídico interno”, para afirmar a continuación: “yo creo que eso se enfrenta a través del sistema de derechos humanos, y por tano, este tema es propiamente competencia de la Comisión y de la Corte” de Derechos Humanos.
Insulza citó el rechazo de la Comisión Interamericana a la sentencia del tribunal y recordó también que la Corte ya dictaminó en un caso similar, refiriéndose al de las niñas Jean y Bosico, descendientes de haitianos, donde sentó jurisprudencia ordenando su inscripción como ciudadanas dominicanas.
La intervención del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, no parece que pueda ayudar la causa del país, pues llegó al extremo de objetar las opiniones de quienes no han leído el texto completo de la sentencia, incluyendo al secretario general y dijo que el país no perdería tiempo respondiendo esas críticas. Sólo Nicaragua y El Salvador avalaron la posición dominicana, pero en las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, México, Canadá, y aún de Venezuela, predominó la defensa de los derechos humanos. El peso de los 15 países de Caricom en la OEA es muy fuerte, pues son casi la mitad de los miembros, y pocos quieren verse con ese bloque en contra.
Un clamor generalizado
El debate en la OEA-Washington contribuyó a expandir el conflicto por el continente y el mundo, siendo recogido por los principales periódicos y cadenas de televisión y contribuyendo al rechazo generalizado del genocidio civil dominicano.
Esta semana fueron significativas las condenas expresadas en un comunicado firmado por 19 legisladores del Congreso de Estados Unidos, así como por el Black Caucus que integra otros 43 congresistas. En carta al presidente Danilo Medina, los diputados encabezados por Joseph Kennedy III, sostienen que la sentencia “podría resultar en una crisis humanitaria sin precedente que afectaría profundamente la estabilidad de la región”. El influyente Caucus Negro consideró que la apatridia de los dominicanos de ascendencia haitiana “debe ser considerada como una amenaza para el progreso y la estabilidad regionales”.
Desde que se conoció la sentencia a fines de septiembre, decenas de organizaciones, personalidades y medios de comunicación la han rechazado por implicar violación al principio jurídico internacional de no retroactividad de la ley y por considerar “personas en tránsito” a quienes se quedan por décadas en un país.
Se destaca la posición del Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, de Washington, cuyo director Santiago Cantón dijo que RD ha ignorado el derecho internacional, y sometió un recurso de “Amigos de la Corte” sobre el caso de Benito Tide Méndez contra RD.
Organismos y periódicos
Entre los organismos internacionales que han rechazado la sentencia se cuentan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que opera como procuraduría general de la Corte, y las agencias de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, para Refugiados y Migrantes (Acnur),y para la Infancia y la Adolescencia (Unicef).
Periódicos como El País de España y BBC-Mundo de Gran Bretaña han dedicado dobles reportajes al conflicto. The New York Times, Le Monde, Página 12 de Argentina, y muchos otros, al igual que cadenas de televisión, se han ocupado del caso enfatizando el rechazo al genocidio civil. El más radical ha sido el diario The Boston Globe, que en un editorial el 15 de Octubre planteó que la comunidad internacional debe presionar al gobierno dominicano para evitar que 200 mil personas queden sin nacionalidad. Agregó que Estados Unidos, como mayor socio comercial de RD “debe examinar las presiones que pueden aplicarse”.
Entre las personalidades que han rechazado el genocidio civil se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a las Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires y 14 organizaciones argentinas. También las destacadas escritoras y escritores norteamericanos de ascendencia dominicana como Julia Alvarez, Rhina Espaillat, Junot Díaz y Silvio Torres Sillant.
Evitar o reducir los riegos
Aunque la Unión Europea no ha fijado posición, por su delegación en el país se sabe que ha rechazado el genocidio civil desde que la JCE lo inició en el 2007. Lo mismo que el Departamento de Estado de Estados Unidos, y de ambos se esperan pronunciamientos en defensa de los derechos humanos, lo que podría elevar los riesgos a que se expone el país desafiando principios fundamentales de la comunidad internacional, a nombre de una soberanía ya limitada por tratados internacionales.
La relación con Haití, donde los dominicanos exportan por unos 1,500 millones de dólares anuales, ya está afectada, y los países del Caricom ya están cuestionando la solicitud de ingreso del gobierno dominicano. Dominan el Cariforo, del que RD es miembro, e influyen sobre la Unión Europea a través del Acuerdo Caribe-Pacífico, por donde podrían generarse problemas al comercio y el turismo dominicanos.
Todos los caminos conducen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su jurisprudencia, como señaló el secretario general de la OEA, quien planteó que “no hay forma de resolver el conflicto sin reconocer el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana. Pero dejó abierta una puerta a la negociación con el gobierno dominicano y la oportunidad sería cuando venga al país la comisión investigadora que se anunció en la sesión del Consejo Permanente.
El jurista Francisco Alvarez Valdez, dirigente de Participación Ciudadana, señaló en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el gobierno puede solucionar el problema solicitando una opinión consultiva a la Corte, como forma de evadir una condena. Para eso tendría que asumir que el dictamen le será desfavorable y que la prolongación del escándalo no ayuda a un país con economía dependiente del turismo, del financiamiento externo, de la remesas de millón y medio de emigrantes, y del comercio.
La opinión consultiva, prevista en los artículos 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 72 en el Reglamento de la Corte, al igual que una sentencia, sería vinculante para el Estado, pero aparecería como iniciativa propia.
Hay quienes creen que la Corte tomará años para decidir a favor de los desnacionalizados, porque ignoran que el artículo 63.2 de la Convención Americana establece que “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Y ya la Comisión ha recibido casos de despojo de la nacionalidad y se pronunció contra la sentencia del TC. El gobierno de Danilo Medina debe escoger el camino más racional.-
