Ningún impacto en la opinión pública tuvo la revelación esta semana de un estudio de la Cámara de Cuentas de la República sobre la administración de los recursos nacionales en los 155 municipios y 230 distritos municipales en los que se ha mini fragmentado el territorio nacional para que el reparto de lo público alcance a un mayor número de clientes, aunque sea con un pedacito del pastel.
Las violaciones a la ley 176-07 que debe regir las entidades municipales, y a las más elementales normas de administración y control de ingresos y gastos son como para que se dispusiera la intervención de una alta proporción de los cabildos. Pero aparentemente no hay autoridad preocupada por sancionar la malversación de los fondos públicos. Al fin y al cabo a los ayuntamientos y distritos municipales sólo llegó el 4.7 por ciento del total del gasto gubernamental en el esplendoroso año 2012, aunque la ley establece que deberían recibir el 10 por ciento.
No faltarán algunos cínicos que pretendan justificar el arrebato de la mitad de lo que corresponde a los municipios, bajo el argumento de que ellos no llevan cuentas claras de ingresos y mucho menos de los gastos. Pero entonces la ciudadanía debería negarse a pagar impuestos, habida cuenta que el país encabeza las 144 naciones incluidas en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial en malversación de los fondos y en favoritismo de los funcionarios públicos, lo que se expresa en gran medida en el gobierno central y la mayoría de las entidades autónomas y descentralizadas del Estado.
Ante todo hay que resaltar la fragmentación territorial y poblacional patente en el estudio. Menos de la tercera parte de los municipios, cuarentiocho, cumplen el requisito legal de tener más de 15 mil habitantes y de generar ingresos propios de al menos el 10 por ciento de su asignación del presupuesto nacional. De los distritos municipales apenas 11cumplen con el requisito de más de 10 mil habitantes y generar ingresos propios del 10 por ciento, y de los 230 sólo 47, el 20 por ciento, alcanzan la población mínima legal.
Los ayuntamientos administraron el año pasado 19 mil 165 millones de pesos y los distritos 16 mil 174 millones, la mayoría sin cumplir las normas de los registros contables y financieros y los procedimientos de control de gastos, compras y pagos, lo que, según el informe de la Cámara de Cuentas, imposibilita el debido monitoreo. Desde luego, como se trata de parcelas del Estado que se utilizan para mantener maquinarias políticas clientelistas y familiares, se detectan serias discrepancias en sus nóminas de empleados y las registradas por la Contraloría General de la República. Hasta en distritos municipales con ínfimos presupuestos se pueden encontrar nominillas paralelas. Y la cantidad de empleados no guarda relación con los servicios municipales.
Según el estudio, el 85 por ciento de las entidades municipales no cumplen el mandato legal que limita el gasto de personal al 25 por ciento de los ingresos y en el 98 por ciento se gasta menos del 40 por ciento que según la ley deberían destinar a obras de infraestructura. El presupuesto participativo que hace unos años creó tantas ilusiones ha venido en retroceso y sólo 53 municipios y 36 distritos municipales lo mantienen, sin que la investigación arrojara evidencias que se le da seguimiento a los compromisos contraídos con la comunidad.
Lo que refleja el estudio de la Cámara de Cuentas es que las entidades municipales se administran a la conveniencia de sus autoridades, que se han afiliado al pragmatismo político de las nominillas, del nepotismo, y de la malversación sin escrúpulos de los fondos públicos. Todo ello al amparo de la impunidad prevaleciente en el país, donde no se sancionan ni los peores escándalos.
Lo peor es que la conciencia nacional parece anestesiada con tantas irregularidades y violaciones de las leyes fundamentales. Por eso llamó poco la atención el informe de la Cámara de Cuentas. No se ve razón alguna para que no prosiga la fiesta nacional de la malversación.-
