El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel reaccionó este martes a la apertura a juicio en su contra por presunta comisión de corrupción durante su gestión como director del INDRHI, calificando su sometimiento como otro intento de sectores que desacreditan la lucha anticorrupción al querer aplicar “justicia” de manera acomodaticia.
Rodríguez Pimentel definió la acción judicial en su contra como un “show”, tras señalar que se debió escoger a una jueza suplente luego de que los jueces titulares del caso se inhibieran durante los cinco años que lleva el proceso en los tribunales.
“Ante otro intento de enlodar mi reputación, responderé y demostraré mi inocencia en algún nicho judicial de dignidad, que confío existe”, manifestó el dirigente reformista en declaraciones exclusivas para El Nuevo Diario.
Mientras el abogado del ex director del INDRHI, Carlos Salcedo, cuestionó que la juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional haya realizado en este caso una labor más como fiscal interesada que como juez independiente.
“La juez de la instrucción es una juez itinerante, sustituta, que hace una labor más como fiscal interesada que como juez, siendo contradictoria en sus propias consideraciones y llevándose de encuentro todos los derechos de Héctor Rodríguez Pimentel como imputado”, precisó Carlos Salcedo.
El jurista dijo que ha estudiado bien la acusación contra Rodríguez Pimentel y puede dar testimonio que ahí no existe una sola prueba que pueda resistir el más mínimo análisis jurídico serio.
“Ese caso es pura pantalla para aparentar que se enfrenta la corrupción administrativa cuando en realidad se le hace daño a esa lucha que debe ser de todos, con adefesios jurídicos como ese”, señaló Carlos Salcedo.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó este lunes el envío a juicio de Rodríguez Pimentel y a otras seis personas acusadas de malversar RD$1,500 millones y US$ 56,479,038.41 durante su gestión en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
Los demás involucrados en el expediente son, Príamo Méndez Cuesta, Manuel De La Cruz Martínez, José Antonio Pérez Jiménez, Fior D’ Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) le atribuye al grupo la violación de los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 177,178, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que sancionan la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa.
De igual manera, el Ministerio Público le atribuye la violación del artículo 146 de la Constitución dominicana y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
