Casciati, quien entró de manera irregular en el país, tenía impedimento de entrada en el país desde el año 2014, después de que la Procuraduría General solicitara su expulsión por presuntos vínculos con una red de explotación sexual comercial y proxenetismo en Sosúa, Puerto Plata.
La Dirección General de Migración procedió en junio de 2014 a cancelar su permanencia en el país, amparada en una residencia, tras la petición de la Procuraduría.
En abril de este año, el Tribunal Constitucional de la República revocó varias sentencias anteriores que le favorecieron en sus reiteradas solicitudes de ingresar en territorio dominicano.
Con la decisión de este tribunal se confirmó que las actuaciones de la DGM con relación a este ciudadano italiano están amparadas en la Constitución y las leyes, según el comunicado.EFE
