Por Juan Manuel García y Luis Pemvemton.
República Dominicana. Al tiempo de solicitar al almirante (r) Sigfrido Pared Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones, que confirme al Bloque Dominicano para los Derechos Humanos si el nombrado Ambiorix Alcibíades García Rojas fue deportado de los Estados Unidos y ahora es agente del DNI, el BDDH pidió al ministro de Obras Públicas, ingeniero Gonzalo Castillo, que ordene a la Dirección General de Edificaciones del MOPC investigar si García Rojas cumplió con la Ley 687 sobre edificaciones privadas al momento de construir el edificio “María Felipa” (de su propiedad) ubicado en el sector María Auxiliadora, del Distrito Nacional.
La solicitud de confirmación al director del DNI fue requerida por el BDDH mediante una carta depositada jueves 6 de este mes a las 12:55. “Es de mucho interés para el BDDH saber del Departamento Nacional de Investigaciones si realmente Ambiorix Alcibíades García Rojas fue deportado de los Estados Unidos y por cuáles motivos, porque de ser cierto, no es posible que se desempeñe como seguridad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), esté en el cuerpo de seguridad del ministro de Turismo, figure en la nómina de la Autoridad Portuaria Dominicana APORDOM y presuntamente sea agente del DNI”, sostuvo la entidad.
El BDDH informó que la carta enviada al ministro Gonzalo Castillo fue depositada a las 9:59 de la mañana de este jueves 7. “De igual manera, el BDDH tiene interés en que las autoridades determinen si antes de la construcción del edificio María Felipa, (propiedad de García Rojas) se cumplió con la Ley 687 que le obliga a realizar estudios de suelo; a que el plano de la obra haya sido aprobado por el MOPC; que tenga un registro de tarjeta de inspección en la obra; si no se produjo alteración en los planos aprobados por el MOCP; si la obra estuvo a cargo de un ingeniero o arquitecto colegiado por el CODIA y si el maestro constructor tiene certificación del MOPC”. El edificio en cuestión tiene cuatro niveles y 14 apartamentos para alquiler.
De igual manera, el BDDH reveló que depositó sendas comunicaciones a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, y a la doctora Anina del Castillo, directora ejecutiva de ProConsumidor relativas al proceso que agota el periodista Tito Valenzuela sobre los presuntos intentos de agresiones y amenazas de muerte de que habría sido objeto por parte de García Rojas, y sobre artículos y párrafos que serían abusivos contra los inquilinos en los contratos de alquiler que utiliza García Rojas. “Informamos también que Valenzuela tiene el respaldo legal de la Unión Dominicana de Periodistas Bolivarianos”.
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