SANTO DOMINGO, RD.-La diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD-DN), Minou Tavárez Mirabal, rechazó este miércoles que funcionarios de alto rango estén haciendo campaña política mientras ocupan cargos públicos, siendo esta situación incompatible.
Destacó que ella muchas veces no sabe si los funcionarios están hablando como ministro o lo están haciendo en su condición de precandidato presidencial.
En ese mismo contexto, Tavárez Mirabal criticó el hecho de que la pasada semana se aprobó sin ir a comisión el anteproyecto ley en la Cámara de Diputados, de urgencia y en dos lecturas consecutivas, de aumentar de 5 a 7 años la importación de vehículos usados.
Recalcó que al día siguiente sale en la prensa nacional que la Asociación Nacional de Importadores de Vehículos. (ANADIVE), consigue aprobación Ley a cambio de respaldar proyecto presidencial de Reinaldo, y esa información la dio el propio presidente de la entidad.
Indicó que esa información no ha sido desmentido y nadie dice nada, y “eso es un hecho que refleja hasta qué punto se está tocando fondo, y hasta qué punto no somos capaces de reaccionar como sociedad” .
La legisladora dijo que es por esa situación que ella plantea que este sistema está en una grave crisis inconstitucional y política que no aguanta más, y eso es muy malo para la democracia y para el país.
Al tocar otros temas durante su participación en el programa Telematutino 11, Minou Tavárez Mirabal informó que se está reuniendo la comisión que estudia el párrafo tercero del artículo 85 del Código procesal Penal.
Se recuerda que el presidente Danilo Medina pidió al Congreso Nacional, no eliminar el párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal (CPP), que le da derecho a los ciudadanos a presentar querella contra los funcionarios públicos por delitos cometidos por estos durante el ejercicio de sus funciones así como en los casos de vulneración a derechos humanos.
Asimismo, planteó que debe dejarse al criterio del Tribunal Constitucional decidir la permanencia o la exclusión de dicha norma y si el mismo se encuentra o no conforme al texto de la Carta Magna.
En segundo término, el jefe del Estado expresó su preocupa que se mantenga la redacción del penúltimo párrafo del artículo en cuestión, que limita la posibilidad de querellarse de las entidades del sector público.
