CANCILLER REUNIONBARAHONA.- Al menos 600 organizaciones de la sociedad civil han participado en las cuatro jornadas consultivas encaminadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020, como parte de la nueva política exterior dispuesta por el presidente Danilo Medina, mecanismo que estará fundamentado en el desarrollo integral de la población, con estricto respeto a los derechos humanos.

Se trata de encuentros con masivas representaciones de las entidades de trabajan distintas áreas que tienen que ver con el desarrollo humano, bajo la permanente observación de los principales organismos internacionales como el Sistema de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID) y  la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El canciller Andrés Navarro encabezó este jueves la cuarta consulta, esta vez en esta provincia del suroeste del país, con la asistencia de representantes de alrededor de 150 organizaciones no gubermentales (ONG), bajo la moderación de los miembros de la Comisión Interinstitucional de los Derechos Humanos que tocan distintos ministerios y direcciones generales del gobierno, así como de la sociedad civil.

El proceso consultivo en el que se abordaron los temas como “Mujer”, “Niñas, Niños y Adolescentes”, “Grupos Vulnerables” (discapacitados, adultos mayores otros), “Derechos Civiles y Políticos”, “Migrantes”, “Trabajo”, “Trata de Personas”, “Discriminación” y “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, entre otros.

El discurso central estuvo a cargo del canciller Navarro, quien destacó que el plan busca establecer las iniciativas dirigidas a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos con un concepto integral e incluyente como política de Estado.

“La República Dominicana esta siendo observada por muchos sectores en el contexto internacional y hemos llegado a la conclusión que muchos de los juicios que se han emitido parten de desinformación y falta de conocimiento de nuestra realidad. Por eso, la voluntad política del presidente Danilo Medina es clara y plantea que este proceso de fortalecimiento de los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos no tiene vuelta atrás”, subrayó Navarro.

Dijo que este plan no es exclusivo de un gobierno ni del Estado, sino que envuelve a toda la Nación dominicana, con amplia participación de todos los sectores decididos a brindar sus aportes para la elaboración del instrumento final  que impulsará los derechos humanos, apegados al mandato de la Constitución de la República, las leyes adjetivas, así como las convenciones y tratados internacionales de que el país es signatario.

Dijo que la próxima semana se producirá la quinta y ultima consulta, esta vez a celebrarse en San Cristóbal, con participación además de entidades de la sociedad civil pertenecientes a las provincias Peravia y San José de Ocoa, mientras que en los primeros días del mes de junio se producirá una jornada consultiva nacional para la elaboración del borrador final que sustentara el plan de derechos humanos.

El plan quinquenal comprende una serie de derechos individuales y sociales basados en la Constitución de la República y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El proceso de formulación cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Delegación de la Unión Europea.

“Este plan está llamado a convertirse en un eficaz instrumento de concientización de los ciudadanos sobre sus derechos, con la vinculación de los actores públicos y privados en la defensa de los mismos, como mecanismo de fortalecimiento y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, establecido por nuestra Constitución”, refirió Navarro.

A la actividad asistieron personalidades como monseñor Andrés Napoleón Romero, obispo de Barahona; el gobernador Pedro Pena Rubio; Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María Batista Mejía, defensora del pueblo adjunta y los alcaldes Pascual Pérez y Andrés Ruiz, de La Descubierta y Polo, entre otras figuras de la Región.

La iniciativa tiene como objetivo fundamental constituirse en un mecanismo que permita garantizar a la población su pleno desarrollo integral con la promoción del estricto respeto y defensa de los derechos humanos.