La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, dijo ayer que los expedientes de corrupción se archivan en este pais, lo que “oscurece” en vez de aclarar el actual Estado de Derecho de los ciudadanos y de paso “cercena las garantías del Ministerio Público de luchar contra la corrupción “teniéndose que quedar callada”.
La magistrada a cargo del PEPCA, quien no explicó qué la motivo a desnudar una de las realidades del Poder Judicial, dijo en rueda de prensa, que esta “acostumbrada a los obstáculos”, pero que la corrupción afecta a todos.
“No puedo estar conforme con la recientes decisiones. Los procesos de corrupción se están quedando en asuntos meramente técnicos, pero siempre hay que luchar”, sostuvo.
Reiteró que estas decisiones no fortalecen ni contribuyen con la lucha anti corrupción, ya que los procesos de corrupción se quedan en aspectos meramente técnicos e incidentales.
Citó varios expedientes calificados de “cuestionables”, especialmente uno ocurrido por un tribunal colegiado de Cabarete, Puerto Plata, que descargó a dos alcaldes, que de acuerdo a auditorias, testigos y pruebas testimoniales, no debieron haber sido favorecidos con descargos.
Además, mencionó los casos de Bienes Nacionales, de Amable Aristy Castro, el de San Francisco de Macorís, el del economista Luis Alvarez Renta, sobre los cuales no emitió consideraciones.
“Son decisiones cuestionadas, como se observa, se cercena las tradicionales garantías del Ministerio Público como es la facultad de reabrir los archivos y nos tenemos que quedar callados. Esta situación va oscureciendo en vez de ir aclarando”, comentó.
Sobre este aspecto, la titular de la PEPCA dijo que hace las denuncias correspondientes para que se distribuyan las responsabilidades, aunque añadió que hay que seguir con más fe apoyando los procesos de lucha contra la corrupción.
Caso Díaz Rúa
Al responder preguntas sobre el cierre del archivo definitivo del expediente instrumentado contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa, Guerrero Pelletier consideró que con la decisión del juez Leomar de la Cruz, “se desconoció la facultad del Ministerio Público, hubo un exceso en la decisión”.
Explicó que los jueces de instrucción son garantías del Ministerio Público, y éste, refiriéndose al magistrado de la Cruz, “debió exigir la presentación de las pruebas”.
Explicó por qué ese caso no fue manejado por la PEPCA, ya que, argumentó, fue llevado a la Procuraduría Fiscal y que ya no había nada que hacer.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, afirma que no se hace nada con citar leyes, con pronunciamientos en la prensa si los expedientes se archivan”.
