Un objetivo prioritario es consolidar la institución y sus funciones dentro del sistema dominicano de Justicia
El Plan Estratégico fija también como prioridades facilitar el acceso a la defensa pública y mejorar la calidad de los servicios
Santo Domingo,. La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha presentado hoy, 29 de septiembre, su nuevo Plan Estratégico para el periodo 2015-2019, que tiene como principales ejes consolidar la institución y su función de servicio social y, por otro lado, facilitar el acceso a la defensa pública y mejorar la calidad de los servicios.
La ONDP presta un servicio de defensa legal gratuita a los ciudadanos vinculados a un proceso judicial o privados de su libertad, que por cualquier causa no tienen un abogado o que carecen de recursos económicos para pagar uno.
El Plan de Defensa Pública para este nuevo periodo fija tres grandes objetivos estratégicos:
ü FACILITAR EL ACCESO A LA DEFENSA PÚBLICA
ü MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ü REFORZAR LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
La directora de la ONDP, doctora Laura Hernández Román, definió estos objetivos como“realistas, alcanzables, rigurosos y bien estructurados” y añadió que “permitirán contribuir a la generación de verdaderos impactos que redunden en una mejora del servicio de tutela efectiva a la ciudadanía”.
Para facilitar el acceso a los servicios, Defensa Pública prevé una expansión de la cobertura del servicio, ampliación de las estructuras físicas, mejora de la información y atención al usuario y mayor comunicación con la ciudadanía. La mejora de la calidad de los servicios pasará por fortalecer la gestión y el seguimiento de los procesos, reforzar las capacidades de apoyo, aumentar la cualificación de sus trabajadores e intensificar la coordinación interinstitucional. Por último, con el fin de mejorar la gestión se pretende dar mayor eficiencia a la organización y distribución de los recursos y fortalecer la coordinación y la comunicación interna.
Desarrollo e independencia
Con el nuevo Plan, la ONDP busca avanzar en su desarrollo y estructura -tras 11 años de existencia- una vez asentada su independencia y afirmado su rol en el contexto del sistema de Justicia. La institución cuenta en la actualidad con 475 empleados, de los que 117 son defensores públicos, 78 abogados contratados y 26 abogados de oficio, repartidos en las 24 oficinas a disposición del ciudadano en todo el país. El organismo ha brindado asistencia, desde su creación y hasta diciembre de 2014, a un total de 238,296 personas.
Defensa Pública ya diseñó e implementó un Plan Estratégico para el periodo 2011-2015 que dotó al organismo de mayor autonomía institucional y mejoró los servicios de asistencia judicial en materia penal. Fue un plan que respondía al entonces reciente reconocimiento institucional y que ayudó a revisar los principios de misión, visión y valores de la institución.
Tutela del derecho de defensa
Aunque su creación como tal se remonta a 2004, la Constitución de la República Dominicana del año 2010 en su artículo 176 consagró la institucionalidad de la Oficina Nacional de la Defensa Pública como órgano independiente, a nivel administrativo y presupuestario, responsable de la tutela efectiva del derecho de defensa, que ha de ser proporcionado atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, eficacia y calidad, para las personas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado.
Desde siempre, la institución se ha caracterizado por un servicio con elevados niveles de calidad, siempre orientada a la consecución del respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso y, gracias al impulso de la Dra. Laura Hernández, ha adquirido un importante prestigio y reconocimiento tanto internacional como entre los diferentes operadores del sistema. De hecho, la Defensa Pública ha sido reconocida como modelo entre las defensas públicas oficiales de América.
La ONDP se define como el brazo humano de la Justicia, y la única institución que verdaderamente garantiza el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Este órgano constitucional es considerado parte de la política social del país, pues representa un servicio gratuito para un derecho humano fundamental, como es la libertad. La institución cuenta con un cuerpo de defensores absolutamente independientes, pues no se constituyen en auxiliares de la Justicia y no están sometidos al juez. Es un servidor público totalmente comprometido con los intereses particulares de sus usuarios.
Principales motivos de asistencia o tipos penales más recurrentes:
· Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
· Robo
· Violencia Intrafamiliar
· Golpes y Heridas
· Homicidio
