Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, sostuvo este miércoles reuniones, tanto con representantes de Odebrecht como con los máximos responsables de entidades gubernamentales, como parte de la investigación abierta por el Ministerio Público, sobre el pago de US$92 millones en sobornos para ganar contratos en el país durante el período 2001-2014, según lo declarado por la constructora brasileña.
Durante varias horas, el magistrado Rodríguez acompañado de la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, conversó por separado con los convocados.
En estos encuentros, los representantes del Ministerio Público, además de indagar sobre detalles de su interés relacionados con las operaciones de la Odebrecht en el país, recibieron la documentación e informaciones requeridas por la PGR sobre este caso.
En dichas reuniones celebradas en el despacho del Procurador General, acudieron el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara; el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montas; el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara; el ministro de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), Gonzalo Castillo; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.
El procurador general, Jean Rodríguez, también había convocado al gerente general de Odebrecht en el país, señor Marcelo Hofke, pero en su lugar acudió un representante de la constructora brasileña, quien le confirmó también por escrito, que el principal ejecutivo local de la constructora se encuentra en Brasil y vendrá al país para acudir al llamado de la PGR, fijándose una cita para el 10 de enero próximo.
Tras concluir la jornada, el procurador general explicó que estos funcionarios asistieron a la convocatoria para entregar la documentación solicitada y ofrecer personalmente las explicaciones sobre las relaciones de su institución con Odebrecht, y ponerse a disposición para colaborar con la investigación abierta por la PGR sobre las operaciones de la constructora en el país.
Rodríguez destacó que aunque los titulares de la CAASD, el INDRHI y la OISOE explicaron que sus instituciones no habían suscrito contratos con la multinacional, en esos casos al Ministerio Público le interesaba consultarles en torno a eventuales intentos para seducir a determinados funcionarios y así lograr contrataciones.
Precisó además, que en los casos de las instituciones que efectuaron transacciones con dicha constructora, los máximos responsables de la CDEEE, el MOPC e INAPA se comprometieron a facilitar el proceso de investigación, ya que podría ser necesario acceder a sus archivos y entrevistar a funcionarios de menor jerarquía que intervinieron en los procedimientos de licitaciones, contrataciones y ejecución de las obras.
Explicó que durante las indagatorias iniciadas, el Ministerio Público no subestimará ningún detalle, por lo que “hará todo lo sea necesario e interrogará a todos los involucrados, a fin de obtener la información que permita documentar la admisión de utilizar procedimientos ilícitos para obtener contratos en el país, hecha por Odebrecht en la investigación conjunta realizada por autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza”.
El lunes 26 de diciembre pasado, en horas de la tarde, la Procuraduría General de la República otorgó un plazo de 48 horas a las instituciones del Estado que tuvieran o hayan tenido relación contractual con la empresa brasileña para remitir los documentos e informaciones relacionadas.
