Según las agrupaciones, todas las personas que ocuparon la Presidencia o el ministerio de Obras Públicas desde el 2001 hasta 2015 tienen la responsabilidad de demostrar que durante su gestión no se cometieron irregularidades  para favorecer a Odebrecht con la entrega de contratos de obras de infraestructura.

“Los funcionarios y dirigentes políticos que están comprometidos con la justicia, la transparencia y el buen manejo de los recursos de la ciudadanía deben colaborar para que este caso histórico e internacional no se quede sin ninguna consecuencia”, destacaron los grupos ciudadanos en un documento de prensa.

En el texto también se resalta la necesidad de que la ciudadanía y la dirigencia de las diferentes fuerzas políticas se activen para evitar que República Dominicana sea el único de los países afectados por la red de corrupción internacional de Odebrecht sin aplicar ningún tipo de sanción por la entrega de sobornos.

“Este es un caso histórico, que podría convertirse en una oportunidad para ponerle fin al reinado de corrupción e impunidad que nos mantiene en la pobreza y el desorden institucional ”, concluye el documento.