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Talvez lo más trascendente de las pasadas promesas electorales del Presidente Medina fue su proyecto de “Republica Digital”, el cual resumió ante una audiencia de jóvenes de Santiago. Este buscará impactar la economía y la sociedad con el uso masivo de las tecnologías digitales, prestando especial atención al uso del Internet. Fue lamentable, sin embargo, que los componentes del proyecto no incluyeran el blanco del entramado de nuestra institucionalidad política.  De hacerlo hubiese sido posible vislumbrar un importante salto cualitativo de nuestra democracia.

Nadie duda que las tecnologías digitales estén transformando al mundo.  El reporte de la CEPAL titulado “La Nueva Revolución Digital: De la Internet del Consumo a la Internet de la Producción” (2015), lo dice de la siguiente manera: “La economía mundial está cada vez más conectada y el avance de la digitalización es tal que hoy la economía global es una economía digital.”  En el 2014 ya habían a nivel mundial 2,923 millones de usuarios del Internet y 3,600 millones de suscriptores de teléfonos móviles, algo impresionante frente a una población total de casi 7.5 billones.

Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe la incorporación de las tecnologías digitales ha sido espectacular en la última década.  Para el 2014 se estimó que los usuarios de Internet alcanzaban la mitad de la población regional, había unas 700 millones de conexiones de telefonía móvil y unos 320 millones de usuarios. Sin embargo, “los países de la región han progresado a muy distintas velocidades, como era de esperarse dada su extrema heterogeneidad en términos de su ingreso por habitante, productividad y desarrollo social. Mientras los más avanzados se aproximan a las tasas de penetración y uso de los países desarrollados, en los más rezagados los avances se logran con ritmos demasiado lentos y la brecha entre unos países y otros se está ensanchando.”

Según prometió el Presidente Medina, el proyecto “Republica Digital” se encamina a conjurar nuestros déficits. El primero de ellos entregaría 950,000 y 79,500 computadoras a igual número de estudiantes y maestros respectivamente, proveyendo la capacitación necesaria para asegurar un uso apropiado.  Además, se llevara a cabo un masivo programa de alfabetización digital a fin de que millón y medio de dominicanos conozcan y manejen las tecnologías digitales.  No se contempla, lamentablemente, el reemplazo de los teléfonos móviles existentes en el país (unos 10 millones) por teléfonos móviles inteligentes (actualmente solo un 24%) con una conexión a Internet.

El complemento obligatorio para lograr una mayor conectividad es, precisamente, el acceso al Internet. De ahí que el segundo pilar consistirá en  multiplicar masivamente el acceso de la población a la Banda Ancha, pasando del actual 23.6% de población con acceso a internet a un 70% en los próximos 4 años.  Se pretende además reducir en un 30% el costo de los servicio de banda ancha y habilitar una red de WIFI gratis en lugares públicos, incluyendo 5,600 escuelas, 18 centros regionales de la UASD, y en otros espacios públicos como hospitales, alcaldías, parques, o el metro de Santo Domingo.”  Con una importante inversión en una “red nacional de fibra óptica” se enlazara a todas las cabeceras de provincia para universalizar el acceso al servicio de banda ancha.

Respecto al uso de las tecnologías digitales en el aparato productivo, la CEPAL señala que en el escenario mundial “se está pasando de una Internet centrada casi totalmente en el consumo a una Internet del consumo y la producción.”  Y “al masificarse la difusión de las tecnologías digitales, surgen innovaciones en aplicaciones y servicios en todos los sectores económicos.”  Resulta entendible entonces que el tercer pilar del proyecto “Republica Digital” se concentre, por razones de equidad social, en ayudar a las mipymes a desarrollar sus negocios con el uso de estas tecnologías.

Las metas son ambiciosas: “Impulsaremos a las MIPYMES a que produzcan computadoras para el uso masivo que va a requerir el Estado para los distintos proyectos que ya hemos enumerado.  Impulsaremos la investigación y el desarrollo de aplicaciones y software nacional, con el talento de jóvenes cada vez más preparados, como ustedes.  Diseñaremos también un portal de negocios, parecido a Amazon, para la promoción y venta de todo tipo de productos nacionales.  Además, ofreceremos a las mipymes equipos, software, conectividad y capacitación en todas las áreas de la economía digital para que puedan iniciarse en el comercio online y abrirse a nuevos mercados.”

Finalmente, el cuarto componente tiene que ver con el “gobierno “electrónico” y la gestión pública. Con la finalidad de crear un Estado eficiente y transparente que ayude al ciudadano en su vida diaria, el proyecto creará un portal “donde los ciudadanos puedan acceder y solicitar todos los servicios del Estado”, lo que les permitirá realizar sus trámites vía internet, incluyendo sacar el pasaporte, obtener un certificado de buena conducta, un acta de nacimiento o renovar la licencia.  Se ampliaran además “los puntos GOB, que sí son lugares físicos y ofrecerán los servicios de mayor demanda a la población de forma centralizada.”  Se impulsara también “la publicación de datos abiertos del Gobierno central, de los gobiernos municipales y del conjunto de instituciones públicas.”

El anterior esbozo de “Republica Digital” nos indica que existe un firme propósito de las autoridades de universalizar el uso de las tecnologías digitales.  Queda claro, sin embargo, que el avance hacia esa meta será gradual y pausado.  Aun cuando el proyecto revela una fuerte conciencia de la importancia de esas tecnologías, luce que será un proyecto más y no un propósito nacional del calibre de la causa del 4% para la educación.  Ha faltado una visión de cómo esas tecnologías podrían transformar nuestros procesos democráticos y apuntalar el sistema político (https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_digital ).

Basta con imaginar la oportunidad que se crearía si los 6.8 millones de ciudadanos que conforman el padrón electoral tuvieran una computadora y/o un teléfono inteligente con acceso al Internet.   Usando los últimos avances en materia de identificación dactilar, reconocimiento de voz y del iris del ojo y encriptación de mensajes, la ciudadanía podría manifestarse –a través de los mecanismos adecuados—sobre los asuntos públicos.  (Esos mecanismos podrían usarse inclusive hasta varias veces al día.)  Así la ciudadanía podría conocer mejor cómo piensa el conglomerado al que pertenece y el Gobierno podría afinar mejor sus políticas públicas.

El “gobierno electrónico” del proyecto “Republica Digital” puede mejorar la prestación de los servicios gubernamentales, pero eso no incluye una participación en el mejoramiento de la gobernabilidad ni en el sistema político.  Una primera instancia en que las tecnologías digitales podrían abreviar y reducir sustancialmente los costos es precisamente en las elecciones; cada elector votaría en su casa a través de un teléfono inteligente o un computador.  Es posible facilitar también procesos conexos tales como el referendo revocatorio, los plebiscitos y la formulación de presupuestos participativos.

¿Sería necesario un Congreso si los ciudadanos pudieran expresarse a través de sus medios digitales de comunicación?  ¿Pudieran los congresistas consultar a sus constituyentes sobre cada asunto en que quieran recoger sus puntos de vista?  Preguntas y posibilidades similares se presentan también en relación al funcionamiento de los partidos políticos y a las consultas que el Gobierno quisiera hacerle a la ciudadanía para afinar sus políticas públicas.  Naturalmente, los mecanismos de consulta a ser usados y muchos de los cambios deseables requerirán de modificaciones a la Constitución.  Pero queda claro que hasta las modificaciones constitucionales podrían agilizarse y transparentarse mejor.

El impacto de las tecnologías digitales sobre el desarrollo social y la transformación del consumo y la producción que hacen posible ya nos arropan. Ahora debemos ir más allá y plantearnos su uso para el desarrollo político.  Por eso hace falta que los partidos políticos añadan un Pacto de la Brecha Digital a los ya anunciados (eléctrico, fiscal) para universalizar la alfabetización digital y asegurar un teléfono inteligente con conexión a Internet para todos los electores antes del 2030. Es en esas discusiones que se podrán abordar además aquellas aplicaciones de los avances en materia de inteligencia artificial, la robótica, la analítica de los grandes datos y el Internet de las cosas al desarrollo de nuestro sistema político.

http://somospueblo.com/2016/11/03/democracia-digital-por-juan-llado/