Aunque el Congreso tiene la potestad constitucional para declarar el abandono del cargo es muy posible que el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, dicte una sentencia que podría paralizar o dejar sin efecto ese proceso.

La mayoría opositora de la Asamblea se juega su última carta para acelerar el fin del mandato de Maduro a quien acusa de incumplir sus deberes constitucionales y ser el responsable de la compleja crisis económica que atraviesa el país.

Las próximas horas son determinantes para la oposición debido a que el 10 de enero Maduro alcanzará más de la mitad de su mandato, lo que anula cualquier posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. La constitución establece que de darse en los dos últimos años de gobierno alguna falta absoluta del mandatario su período debe ser completado por el vicepresidente.

La decisión de emprender un nuevo proceso contra Maduro generó diferencias entre algunos partidos de la coalición opositora como Avanzada Progresista, que anunció que sus tres diputados salvarán sus votos en el debate porque “no es posible sostenerla (la declaratoria de abandono del cargo) dentro del marco constitucional ni el ámbito jurídico”, indicó en un comunicado.

El prominente dirigente oficialista, el diputado Diosdado Cabello, consideró “ridículo” el nuevo proceso y dijo en su cuenta de Twitter que “Maduro seguirá siendo presidente”.

“Nada me sacará ni me distraerá de lograr mi objetivo: la recuperación de la economía”, afirmó la víspera el mandatario durante su programa dominical “Contacto con Maduro” en el que anunció la creación un comando nacional que actuará contra los sectores “golpistas y terroristas” del país.

El académico y abogado constitucionalista José Vicente Haro afirmó que de aprobar la Asamblea Nacional por mayoría simple la declaratoria de abandono del cargo y de publicarse la decisión en la Gaceta Legislativa su efecto sería inmediato.

Pero agregó que podría ser sometida a una revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que podría anular el proceso.

La Corte anuló el mes pasado una declaratoria de responsabilidad política de Maduro que había aprobado el Congreso.