La especialista en derecho administrativo Laura Acosta Lora criticó este martes el contrato de venta del sector Los Tres Brazos realizado entre la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y la compañía Inversiones Fernández Parache (Infepa) por la suma de RD$72 millones.
Según Acosta, las que regía CORDE figuran entre las empresas del Estado regidas por la Ley 141-97, de Capitalización de la Empresa Pública.
Advirtió que “cualquiera fuera la modalidad, el Estado debía hacer un procedimiento transparente, es decir, un proceso a través del cual el público se enterara”.
Sostiene que la medida que adoptó CORDE difiere del prodecimiento establecido respecto a la Fábrica de Cemento y Dominicana Industrial de Calzados (Doinca), que son las propietarias de las tres parcelas que compró Infepa. Estos bienes inmuebles “se iban a transferir a Bienes Nacionales para que esta los liquidara, los entregara a otras entidades del Estado que les fueran a ser útiles o los vendieran para que el dinero fuera al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper)”, explicó.
La jurista, quien representó al Estado en la litis para recuperar la propiedad de terrenos obtenidos de forma fraudulenta en Bahía de las Águilas, refutó además las declaraciones de Inés Gómez, representante de la empresa Titulatec, quien alegó en entrevista a Metro, que CORDE es una “empresa descentralizada” del Gobierno por lo que no requería ir al Congreso para vender parte de sus bienes.
“El contrato de transferencia de activos del grupo CORDE, que es una entidad pública, por más autónoma que sea, esos activos se iban a suplir con dinero del presupuesto nacional por una deuda; era evidente que tenía que pasar por el Congreso”, puntualizó.
Titulatec es la empresa gestora que los ahora propietarios de los terrenos han establecido en el citado sector de Santo Domingo Este, para cobrar a los moradores el valor actual de sus solares.
Licitación
La compañía también justificó que CORDE no llamara a concurso para vender las parcelas en los Tres Brazos, con el alegato de que “le vendía a todo el mundo sin concurso”. La abotada también atacó el sustento jurídico de esta versión. “Si Corde lo estaba haciendo así y lo estaba haciendo con otras gentes así, no es excusa para justificar la ilegalidad de ese contrato”.
“Como ciudadana lo cuestiono, porque CORDE tenía grandes deudas con el Estado dominicano que arrastraba desde hacía muchísimo años”, expresó.
Aseguró, como especialista, que al CORDE decidir vender los terrenos debió “hacer el procedimiento legalmente establecido que es la venta de activos y para la venta de activos dice la propia Ley que tanto para la transferencia a terceros como la venta de activos debe pasar por el Congreso de la República”.
Ley 141-97
La Ley 141-97, que modificaba la Ley de creación de CORDE, de 1966, establece las modalidades que podía aplicar el Estado en caso de que no resultara apropiado del proceso de capitalización de alguna empresa estatal.
Esas otras modalidades son: a) concesiones y arrendamientos; b) transferencias de acciones y o activos, y c) venta de activos, que fue lo que hizo CORDE, al desprenderse de 9,100 metros cuadrados de los Tres Brazos a favor de la empresa Infepa, lo que al día de hoy afecta a ocho mil familias.
El párrafo II del artículo 16 ordena de forma explícita cómo debe hacerse esa venta.
“Para la aplicación de los literales b) y c), se acogerá a lo establecido en el artículo 55, inciso 10, de la Constitución de la República, que requiere la aprobación del Congreso Nacional”, reza.
Además, el párrafo III de ese artículo y los artículos 9 y 13 indican que la CREP (Comisión para la Reforma de la Empresa Pública) debía tasar esos bienes mediante un proceso abierto, difundido por los medios de comunicación, y con auditores contratados a través de licitación pública internacional.
Transferencia de acciones o activos
La abogada lamentó la venta realizada y recalcó que es ilegal e ilegítima.
“Mal hecho, porque si CORDE es de una empresa de capital estatal y los bienes se van a enajenar, la Constitución dice claramente que los contratos de enajenación de bienes deben de pasar por el Congreso”, insistió.
Un daño a todos
Acosta Lora explicó que, aparte de los residentes de los Tres Brazos, todos los dominicanos resultan afectados con esta venta “ilícita”. “No debió venderse de ese modo, eso es del patrimonio público, pero sobre todo en detrimento del presupuesto nacional porque la deuda de CORDE la asumimos nosotros”, dijo.
Reveló la existencia de tres contratos de venta diferentes a favor de la misma empresa. Uno de ellos fija el precio del metro cuadrado en RD$79.21, mientras en otro está a RD$34 y en otro a RD$21.
“Si eso fuera una empresa privada que no me afectara mi bolsillo a mí no me importaría, pero resulta que mientras en menos dinero venda CORDE sus activos más dinero le debe al Estado”, manifestó.
Cláusulas cuestionables
La jurista explicó que el contrato realizado entre CORDE e Inversiones Fernández Parache & Asociados contienen cláusulas que son bastantes cuestionables, ya que a su juicio entran en contradicción con los argumentos asumidos por estos para su defensa.
Expresó que “el párrafo primero dice que la parcela que es objeto de la venta está en proceso de subdivisión y deslinde, es decir, que ahí ya había un proceso de deslinde, que CORDE había iniciado”.
Dicho fragmento reza: “A consecuencia del proceso de deslinde y subdivisión al que se ha sometido la parcela objeto del presente contrato y de conformidad con la ley 108-2005… y sus modificaciones, reglamentos y resoluciones suplementarias, la identificación catastral de los inmuebles vendidos puede variar; en consecuencia, el presente acuerdo incluye sin reserva o limitación alguna, los inmuebles resultantes del proceso de subdivisión realizados que le sea asignada…”
También criticó que exista una cláusula que estipula que el desembolso del pago del dinero se haya realizado en tres partidas, condicionando el último pago a la entrega de los títulos resultantes de la subdivisión.
“En la forma de pago ellos supeditan el tercer pago a la entrega de los títulos de propiedad, entonces ¿quién fue que hizo el deslinde?”, cuestionó Acosta Lora.
La especialista en Derecho opinó que los residentes afectados en el sector Los Tres Brazos bien pueden pedir al Congreso la nulidad del contrato debido a su ilegitimidad.
Caliente en las redes
Las redes sociales se encendieron este lunes por los intercambios de criterios entre la jurista Laura Acosta Lora y la empresa @Titulatec, junto al usuario @GabrielDePool, quienes debatieron sobre la venta los terrenos del sector Los Tres Brazos, un tema que cada día toma mayores dimensiones, sin que hasta ahora el Gobierno Central se pronuncie.