EL AUTOR es Mayor General Retirado de Policía y Periodista. Reside en Santo Domingo.
Jurista Angel Monero “Nuestra crisis es fomentada con conciencia de clase dominante. Los comehaitianos son los empleadores explotadores de haitiano, los persecutores y críticos de la droga la patrocinan y los persecutores del delito se asocian con los delincuentes. O sea, que la criminalidad es un acto propiciado por el Estado y sus principales actores para mantener su status?”
Como funcionario de policía fui un hombre de armas y uniformes por 27 años. A pesar de ello, no creo en las armas ni en el uso de su fuerza, a excepción de una necesidad inminente. Sin embargo, si nos enfocamos en el contexto general de la población considero un error y no oportuno el llamar al desarme a la población por parte del Procurador General de la República, que cabe señalar no es la primera vez que se plantea el tema, incluyendo a otros funcionarios.
Es bien sabido que no se toma en cuenta la opinión de la gente, por lo que no entendemos que constantemente escuchemos diferentes anuncios a través de diferentes medios, por parte de las autoridades, para tal o cual acción que está contenida en sus responsabilidades, como si desconocieran su misión o la olvidaran, y de repente recordaran cuál es.
Definitivamente nuestras autoridades son muy caras, ineficientes, pues es evidente que no cumplen y están invertidos los roles del Estado, con relación a la responsabilidad para garantizar los derechos y la aplicación de la ley con autoridad, resaltando lo más prioritario: la vida, la dignidad humana y las necesidades básicas de toda la población.
Las necesidades básicas, son derechos fundamentales consagrados por Constitución, Ley y Acuerdos Internacionales; y de los cuales la seguridad es uno, y el más demandado por la población; siendo el control de las armas legales e ilegales parte de esta responsabilidad del Estado.
Luego de destacado que la seguridad es un derecho humano, si los gobiernos y las demás autoridades no lo hacen, son incapaces o mejor dicho irresponsables, cada quien tiene el derecho de protegerse por sus propios medios.
Parecería que dichas autoridades estimulan la ilegalidad y descontrol de las armas de fuego y blancas, al permitir tantas contradicciones e ineficacias por parte de sus funcionarios y que para colmo viven distrayendo con propagandas y simulaciones.
A los gobiernos y demás funcionarios del Estado corresponde garantizar la seguridad de la población y sus propiedades; igualmente prevenir, regular y controlar lo referente a las armas, tal como manda la ley 36, es compromiso, es juramento por parte de las autoridades del Estado la incautación y sometimiento a la justicia por el porte, tenencia de armas ilegales y el tráfico de las mismas, también por la violación a la ley general de aduanas la importación o introducción de armas por canales ilegales e irregulares, no entendemos entonces que persiguen las autoridades, con estos necios y ruidosos anuncios. Que a mi entender solo buscan distraer frente a su incapacidad. Por lo qué, cabe preguntarse:
¿Y es que serán socios o ejecutan las tareas como negocio protegido del tráfico ilegal de armas y otros.
¿Por qué se prohibió la importación de armas en 2006 y sigue vigente, Decreto 309-06?
¿Por qué el gobierno dificulta, incrementa los precios y los impuestos para el porte y tenencia de armas de fuego legalmente?
¿Quiénes serían los más beneficiados con una medida de desarme?
¿Beneficiará realmente a los ciudadanos?
¿Por qué y para qué este llamado de desarme?
¿A quiénes realmente quieren desarmar las autoridades?
¿Cuál es la intención real del Estado cuando habla del desarme de la población?
¿Dónde están las armas del caso de aduanas en Santiago y porqué siguen sueltos los acusados?
¿Por qué no consensuar la medida con todos sectores a través de debates, esto es un asunto muy complejo?
¿Quién nos cuidará de los abusadores, de los delincuentes, criminales armados y de todos los que poseen armas ilegales y de guerra?
Les invito a la reflexión, haciendo el ejercicio de cada quien dar sus respuestas.
Por mi parte las consideraciones al respecto, concluimos que: Es evidente que la prohibición de importación de armas favorece el tráfico y trasiego de armas ilegales, estimulando la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad en general. Al mismo tiempo perjudica los comerciantes legitimados, al fisco y sobre todo aumenta la inseguridad para la población honesta y trabajadora, que está cada vez más amenazada, dificultando protegerse por sus propios medios legalmente.
Las Fuerza Armadas, la Policía Nacional y los demás organismos del Estado que están facultados al porte y uso de armas a favor de la seguridad ciudadana, no han podido garantizar la protección de la población general y mucho menos conquistar la confianza de la ciudadanía ni cumplen con los mandatos y regulaciones de los convenios internacionales para uso de la fuerza, siendo las armas de fuego la principal herramienta de fuerza.
También dejan de lado la ley 672 que trata de la conducta ética de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, jueces, fiscales y en los que se incluyen policías, militares y organismos de seguridad.
Se han presentado y están en estudios varios proyectos de leyes para modificar la ley 36 referida, no rechazamos las revisiones y actualizaciones, pero está claro que el problema no es de más leyes ni de modificaciones, cabe citar a Tácito con quién comparto su afirmación: “Cuando hay más leyes, es más corrupto el Estado”.
Nuestro país urge de voluntad política y autoridad para aplicar la ley. El desarme per se no es la solución, la criminalidad es multifactorial, multidimensional debemos consensuar políticas públicas y estrategias entre todos los sectores sociales.
Los ciudadanos que pagan el porte y tenencia de armas de fuego deben tener la garantía de ese derecho respaldado y regulado adecuadamente, evitando que personas sin condiciones o capacidad obtengan licencia, sin que esto traiga riesgo a los demás ciudadanos que no la portan.
Defiendo cabalmente una política de cero armas por parte de la población, así mismo, que los integrantes de instituciones de seguridad, como policías, militares y otros, solo puedan portarlas en servicio.
Pero a causa de la ausencia de instituciones capaces de garantizar la persecución y el control de las armas ilegales. Sumado a esto, es mínima la muestra por parte del Estado dominicano de tener las condiciones y voluntad para proporcionar la seguridad pública de la sociedad dominicana, frente a este fracaso en la prevención, el control y la persecución del crimen. Dejan y han provocado que los ciudadanos crean imprescindibles cuidarse por ellos mismo.
Por tales razones, lo recomendable es la organización y control estricto para el uso y tenencia de armas de fuegos y armas blancas, hasta tanto estemos preparados para el desarme general en un tiempo que veo difícil el determinar.
Para respaldar nuestras dudas en cuanto a estas medidas de desarme, favor de accesar al siguiente link y ver video de Freddy Beras Goico: http://www.youtube.com/watch?v=WwQvKK0yr5U&list=PLo57j7WTaimeHuUdg9LWdFnMcf4YfDsb0&index=3
Algunas estadísticas de interés que nos ayudaran a entender la complejidad y magnitud del problema de la violencia y la criminalidad en relación con las armas en general, de fuego y blancas.
De enero a julio han perdido la vida 576 personas víctimas de armas de fuegos y 227 por armas blancas, datos de la Procuraduría.
El FOB, costo del arma en fabrica, paga Impuesto Selectivo 78%, 20% Arancel, 18% ITBIS y 10 mil pesos de permiso de porte y tenencia de una arma de fuego, ascendiendo a un costo promedio de 200 mil pesos para el arma legal. Mientras en el mercado ilegal el precio es de 50 mil pesos para adquirirla.
En investigación que realizara en el 2004, fuente las FFAA, para ese entonces en el país habían registradas 120 mil armas en manos de los militares, 50 mil en manos de los policías y 350 mil en manos de la población civil aproximadamente. Esto excluye las armas de los funcionarios, los delincuentes y el resto de la población que tienen armas sin registrar, las cuales sobrepasan el millón de armas ilegales de todo tipo, según mi apreciación y de otros analistas del tema.
En estos momentos según el SISNA en el país existen 240 mil armas legales en manos de los ciudadanos, de estas solamente 125 mil son renovadas cada año. Desde octubre del 2013 hasta la fecha interior y policía ha registrado 40 mil licencias inteligentes a través del SISNA, Sistema Nacional de Armas, dependencia del Ministerio de Interior y el LABBS Laboratorio Balístico y Biométrico que es una empresa privada asociada al SISNA, este sistema costó al Ministerio de Interior 20 millones de dólares y el mismo no tiene utilidad para las autoridades de seguridad, por no haber interés en sistematizar las tecnologías de comunicación entre dichas agencias de seguridad.
“La violencia no se previene ni se elimina recogiendo las armas de fuego; sólo el fomento de la educación, la cultura y el respeto a la vida y a la humanidad de todos (inclusive la de nuestros enemigos) no salvaría. Al paso que vamos, terminaremos picándonos a machetazos. ¿Vamos a comenzar a recoger machetes?” Keysi Montás
