Por Juan Tomás Taveras

Juan Tomas Taveras

 

EL AUTOR es mayor general retirado de Policía y periodista. Reside en Santo Domingo

 

Recomendaciones que entendemos podrían ayudar a la resolución del planteamiento del problema, dominico- haitiano.

 

Es agravante la masiva migración pacífica que se produce desde hace décadas, y las recientes medidas adoptadas como marco regulatorio recientemente no muestran una verdadera política nacional migratoria y de ciudadanía, pues la inmigración a nuestro territorio sigue sin control, lo que nos indica que no se está haciendo de forma correcta y coherentemente con el interés nacional, es decir, un sistema migratorio basado en normas y procedimientos que contribuyan a afrontar y suprimir las graves consecuencias que se derivan de la migración ilegal haitiana, que debe necesariamente suprimirse gradualmente o al menos menguar los efectos nocivos que como secuela de dicha problemática repercuten sobre toda la sociedad dominicana.

 

Dentro de las primeras recomendaciones a aplicar, es que toda la ayuda que proporciona el gobierno dominicano a los inmigrantes haitianos tanto legales como ilegales sea canalizada de manera institucional a través de un organismo colegiado que sirva de fiscalizador y que mida el valor de cada mínimo centavo o servicio realizado a favor de todos inmigrantes de las diferentes nacionalidades, principalmente a los haitiano. Luego de que el gobierno dominicano pueda medir y mostrar a Haití todos los beneficios que produce la República Dominicana al Estado haitiano y su sociedad, habrá una mayor conciencia para valorar con justicia todos los aportes del país, consecuentemente habrá una alianza que será fructífera para enfrentar todas nuestras problemáticas comunes. Pero sobretodo enviar un mensaje a la comunidad internacional que constantemente osan en injerencias nuestra soberanía e independencia.

 

Se necesita fortalecer las oficinas que manejan los asuntos migratorios para obtener estrategias que permitan desarrollar políticas públicas eficientes en la organización y control de los inmigrantes de todas la nacionalidades en el país legal o ilegalmente, o descendientes de ambos, tomando en cuenta todas las variables o circunstancias que se presenten, obteniendo estadísticas confiables que nos permitan monitorear y dar respuesta y seguimiento con las políticas adecuadas a cada caso. Un proyecto o plan de reconstrucción en Haití debe ser una prioridad de la política internacional dominicana, latinoamericana y principalmente de los grandes colonizadores de ese entonces, Francia, España e Inglaterra, además Estados Unidos y Canadá en el sentido de que su reestructuración y el desarrollo institucional de Haití, implicaría un impacto positivo y decisivo para beneficio de la actividad política, económica y social de la República Dominicana.

 

Por otra parte es desatinado e irresponsable que nuestras Fuerzas Armadas estén dejando de lado su misión principal de proteger, defender y controlar nuestras única frontera permitiendo el ingreso de todo tipo de tráfico, trasiego o contrabando, entre ellos: ingreso masivo de haitianos ilegales, delincuentes internacionales, armas, drogas; que agravan considerablemente el desorden estatal y social.  Le corresponde al gobierno establecer estrictas medidas de control y regulación para  dar respuestas de solución a esta situación; de igual manera urge proteger los derechos de los trabajadores haitianos, que ilegales o legales son explotados por la mayoría de empresarios dominicanos.

 

El gobierno dominicano y su ministerio de trabajo han sido débiles e irresponsables en aplicar las leyes y poner controles precisos frente al desorden que impera con los trabajadores extranjeros y las empresas de capital extranjero que desplazan los puestos y mano de obra de nuestros dominicanos, principalmente los cargos de directivos o gerenciales.

 

Nuestra condición de isla compartida nos obliga a desarrollar políticas bilaterales claras, para las relaciones diplomáticas, comerciales, migratorias, culturales, pues desde el nacimiento de ambas naciones fuimos, somos y seremos un matrimonio sin divorcio debiendo aceptar nuestras realidades y trabajar juntos por un desarrollo sostenible de ambas naciones, dejando claro ante el mundo el respeto basado en los principios de los derechos internacionales y de la libre y soberana determinación de los Estados.